A principios de año, el Ayuntamiento de Palau junto con otros Ayuntamientos, fue víctima de una estafa que en nuestro caso ha implicado un quebranto de cerca de 350.000 € para las arcas municipales.

Detectada esta situación, el propio equipo de gobierno informó a los grupos municipales de la situación y estos pidieron que una vez recabada la información sobre lo sucedido y se conociera el importe total de la estafa, se hiciera público al resto del municipio, cosa que posteriormente se ha hecho.

El hecho que entendemos no tiene transcendencia política, es una situación de carácter únicamente administrativo, de la que fácilmente podemos ser víctimas cualquiera de nosotros.

Al haber vivido en carne propia los perjuicios de este tipo de estafas, sí que sería conveniente que  se revisaran los procesos administrativos, se actualicen los programas de formación del personal  y se refuerce la seguridad de los distintos trámites, puesto que desgraciadamente este tipo de delitos son cada vez más sofisticados y están ejecutados por gente con alto nivel de preparación.

Un ámbito particularmente sensible es el de la seguridad informática, la cual nos facilita muchos trámites y gestiones personales y empresariales, pero que presenta vulnerabilidades importantes. La ciberdelincuencia está cada vez más presente en diferentes niveles, llegando a afectar a grandes empresas, organismos estatales e incluso particulares. Es por esto que se requiere que las medidas de seguridad se vayan actualizado para minimizar el riesgo que lleva las conexiones on-line de los equipos.

En consecuencia, pedimos a los gestores municipales tomen las medidas necesarias para garantizar que no volvamos a sufrir situaciones como esta y nos anticipemos lo mejor que podamos a los distintos riesgos que internet tiene.